Rafael Bellver Galbis
Se celebra este año el 75 aniversario de la proclamación de la II República Española y los partidos de izquierdas y republicanos lo están celebrando haciendo toda clase de declaraciones, de las cuales quiere desprenderse la idea de que este régimen político es más democrático, más participativo y que se eliminó por culpa del golpe de Estado del 36 y que trajo como consecuencia la Guerra Civil.
Lo que no dicen, lo que no recuerdan, no sé si por amnesia selectiva o por perversidad política, es que la tan cacareada II República fue proclamada de forma ilegal, sin el respaldo de unas elecciones generales.
El primer hecho que debemos reconocer y recordar es que las elecciones celebradas el 12 de abril de 1931 no se habían convocado para decidir el régimen de España; si España debería ser una monarquía o una república. Nadie lo había dicho, nadie lo había propuesto y semejante disyuntiva no figura en el más mínimo rincón de la convocatoria. Es más, los partidarios de la República en 1931 se agrupaban en tres partidos: el partido republicano federal, antigualla que surgió a principios del último tercio del siglo XIX y que contaba con poquísimos adeptos, el partido republicano radical, fundado a principios de siglo por el demagogo Alejandro Lerroux en Barcelona, donde sí tenía numerosos partidarios, que tampoco le faltaban el resto de España, y la Esquerra Republicana de Cataluña, partido recién creado para las elecciones de 1931, a quien casi nadie atribuía fuerza importante aunque luego sí resultó tenerla. Sumando las fuerzas de estos tres partidos y otros menores ni se soñaba con cambiar el régimen político español una vez abiertas las urnas el día 12 de abril, era un sueño imposible incluso para los propios republicanos.
En efecto, estas elecciones, que no eran generales, sino municipales, se saldaron con el triunfo de los monárquicos y esto porque, antes de la jornada electoral se habían proclamado concejales en todos los ayuntamientos de España donde solamente se hubiera presentado una lista de candidatos. Así lo establecía el artículo 29 de la Constitución entonces vigente y el resultado de esa consulta previa, perfectamente constitucional y legal, fue aplastantemente favorable a los monárquicos que obtuvieron 14.018 concejales frente a 1.832 de los antimonárquicos (Artola, M. Partidos y Programas políticos, 1898-1939, Madrid, Aguilar, 1974, pág. 597). Esto explica la confianza del electorado monárquico, buena parte del cual no se molestó en acudir a las urnas el 12 de abril, porque creían completamente segura la victoria.
Y tenían razón, obtuvieron la victoria. Los funcionarios de la República cumplieron con su deber mejor que los gobernantes y en el Anuario estadístico correspondiente publicaron los resultados electorales. Los concejales monárquicos fueron 26.257 y los republicanos 24.731, incluyéndose entre éstos a los socialistas que no eran formalmente republicanos sino que repetidas veces se habían declarado posibilistas y una de sus corrientes, la más popular, dirigida por Francisco Largo Caballero, había colaborado además con la dictadura de Primo de Rivera. Si a estas cifras de victoria monárquica (para las que el profesor Artola no excluye una posible manipulación ya que se comunicaron en una publicación oficial de la República) se añaden las obtenidas en virtud del artículo 29 antes citado, el triunfo de los monárquicos resultaba abrumador.
Tanto que, según Ricardo de la Cierva, los republicanos y sus historiadores afines buscaron un pretexto para paliar ese triunfo y legitimar “democráticamente” a la República, que no había salido de las urnas. Decretaron, por sí y ante sí, (la idea fue de don Manuel Azaña) que los votos republicanos de las ciudades eran los que valían, porque la mayor parte de los votos monárquicos se habían depositado en pueblos y localidades menores, recomidas por el caciquismo. Azaña legó a acuñar una expresión que hizo fortuna para describir esa explicación. En la tradición parlamentaria inglesa se llamaban burgos podridos a las localidades deshabitadas que seguían enviando miembros al Parlamento por simple rutina, prácticamente sin respaldo de votos. Según Azaña en 1933, cuando su bienio político entraba ya en barrena, las localidades que votaron por los monárquicos en las listas únicas de 1931 eran eso, burgos podridos, por lo que convocó en 1933 elecciones donde se demostrase el entusiasmo republicano de tales lugares. De todas formas los presuntos burgos podridos volvieron a votar contra la República y a favor de los partidos monárquicos y de la CEDA de Gil Robles, que también era monárquica con ciertos disimulos católicos. Así quedó confirmada en 1933 la gran victoria municipal monárquica de 1931.
Atribuir valor democrático a los votos de las ciudades y quitárselo a los votos de los pueblos es por supuesto un atentado a la democracia, aunque, no obstante, el triunfo fue de la monarquía otra vez. Eso no fue obstáculo para que se proclamara la II República aprovechándose, por supuesto, de un monarca en continua depresión, débil políticamente y traicionado por sus amigos y consejeros que le aconsejaron salir de España y abandonar el trono.
El inefable Javier Tusell, en su famoso libro “La España del siglo XX” dice: “Se puede decir que la II República constituye, ante todo y sobre todo, la experiencia democrática española. Nunca, ni antes ni después, tuvo España un régimen tan semejante a lo que normalmente se conceptúa como una democracia occidental”. (Pág. 239)
Ya he demostrado con bastante detalle los métodos antidemocráticos con los que se proclamó la II República, no obstante, siguiendo a Ricardo de la Cierva, abundaré un poco más en la tesis antidemocrática de este régimen que tantos adeptos parece tener ahora, todos ellos autodenominados a bombo y platillo como los adalides de la democracia.
Por lo pronto para que un régimen o sistema pueda denominarse democracia son necesarias y suficientes dos condiciones y solo dos; este es un principio que el profesor Tusell sin duda conoce perfectamente.
· 1ª Condición: la voluntad general de convivencia en la sociedad que quiere configurarse democráticamente.
· 2ª Condición: un sistema de elecciones periódicas y regladas que permita la designación de los representantes del pueblo para el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, de forma variable, directa o indirecta, según los casos. Las elecciones son imprescindibles; pero no sirven para nada sin la voluntad general de convivencia.
Las dos condiciones fallaron en la II República que además, según hemos visto, nació fuera de la democracia mediante la interpretación arbitraria de unas elecciones municipales trucadas, es decir, nació viciada de origen, aunque la culpa de ello debe atribuirse principalmente a D. Alfonso XIII y a los políticos que tan mal le aconsejaron. Esto supuesto las elecciones generales que se celebraron durante el periodo republicano fueron tres. Sólo las de noviembre de 1933 pueden considerarse democráticas, y dieron la victoria al centro-derecha después del terrible fracaso de don Manuel Azaña en su bienio. Las elecciones de junio de 1931 a Cortes Constituyentes estuvieron lastradas por el miedo y la coacción; y de ellas salió un Congreso sectario, en que las fuerzas de centro-derecha carecían de representación conforme a su entidad. Y las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936, que ha estudiado el señor Tusell de forma muy insuficente, no fueron, ni mucho menos, democráticas. La segunda vuelta de esas elecciones prácticamente no se celebró. El Frente Popular, con el señor Azaña al mando, asumió el poder al conocerse los resultados de la primera vuelta, sin esperar a que se completase el proceso electoral, lo que supone un fraude invalidante, según las leyes electorales de la época. En 1939 un nutrido grupo de ex ministros de la Monarquía y la República publicaron un interesantísimo Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 en cuyo anexo se analizaban cumplidamente los fraudes electorales de aquellas elecciones en varias provincias. El Frente Popular consiguió en la primera vuelta una mayoría relativa indudable, que luego en los desaguisados de la segunda y en los pucherazos de la comisión de actas se convirtió en mayoría absoluta y aplastante, de forma claramente antidemocrática.
Sin embargo lo más grave no es la propia mecánica de las tres elecciones de la República sino la ausencia manifiesta de aquella voluntad de convivencia que es la otra condición esencial para que se pueda hablar de democracia en un sistema político. Todos los historiadores de las diversas tendencias concuerdan en que el clima con que se celebraron las elecciones de 1931, en medio de un proceso continuado de agresiones por parte de la República a la Iglesia, las fuerzas armadas, la monarquía y las derechas, se presentaba como netamente hostil a la convivencia y sólo pretendía una República para los republicanos, cosa que parece repetirse en esta época en que nos ha tocado vivir. El clima de las otras dos elecciones era mucho más grave y peligroso; no solamente atentaba contra la convivencia política sino que se planteó claramente en términos de guerra civil, como sabemos.
Me parece bien que los republicanos españoles festejen el aniversario de su República, tienen derecho a hacerlo. No obstante, en honor a la verdad y al rigor histórico, deberían también entonar algunos “mea culpa” por la forma en que se llegó a la misma. La tesis del profesor Tusell, que enarbolan siempre los republicanos nacidos de las fraudulentas elecciones de 1931, se cae por su peso en materia de democracia.
